La DMA y a la histórica petición europea de interoperatividad entre servicios

Esta semana pasada se ha llegado a un acuerdo con la Ley de Mercados Digitales (EN), o DMA, que afectará a cómo las big tech podrán a partir de ahora gestionar los datos de ciudadanos europeos.

La ley en sí sirve de marco para el futuro de la gestión de datos personales de ciudadanos europeos por parte de cualquier empresa considerada «guardián», que por ahora está compuesto íntegramente por lo que hemos venido llamando las Big Tech. Ya sabes, Google, Amazon, Meta, Apple y Microsoft.

Aunque, y esto es importante, se define como cualquier empresa de servicios con 7.500 millones o más de volumen anual, o una cotización de al menos 75.000 millones de euros, que tengan al menos 45 millones de usuarios mensuales en Europa, o 10.000 usuarios comerciales al año.

Esto es importante señalarlo ya que muy probablemente acaben entrando en este mismo saco empresas europeas como Booking, Zalando, SAP o Spotify, o gigantes asiáticos como Alibaba o Byte Dance (los dueños de TikTok).

Pues para este tipo de empresas, se han puesto restricciones en la forma que tienen de gestionar los datos de los ciudadanos, siendo la más importante la interoperatibilidad entre servicios de la competencia.

¿Que qué supone esto? Pues el que, en principio, cualquiera de nosotros debería en el futuro poder escribir desde WhatsApp a un usuario de iMessage o Facebook Messenger, y viceversa.

Es decir, que estas grandes compañías deben romper sus históricos jardines vallados para asegurar que, al menos, los ciudadanos europeos, puedan comunicarse desde sus plataformas con los usuarios de otras plataformas semejantes, aunque sean estas de la competencia.

Esto, en la práctica, supone un cambio radical en la forma de gestionar los protocolos de comunicación, ya que como decía, hasta ahora cada compañía lo desarrolla a su manera, asegurándose además de que este no sea compatible con el de los demás, por eso de retenernos dentro de sus servicios.

Con la nueva normativa, y de no llegar a implementarlo en el tiempo que dan de margen, se enfrentarían a multas de hasta un 20% de la facturación anual.

Junto a esta obligación, vienen otras como la necesidad de que cualquiera pueda eliminar las aplicaciones que vienen preinstaladas (recordemos que en Android y sobre todo en iOS aún hay apps que no son posibles de desinstalar aunque el usuario quiera), y estará además prohibido incluir servicios por defecto, sin pedirle consentimiento explícito al usuario para que empiecen a operar (sobre todo con vistas a evitar esos abusos de privacidad que compañías como Google, Apple y Meta llevan años haciendo, como la de incluir a Google como buscador por defecto en iOS y Android, o Bing en Windows).

Además, se ha llegado a un acuerdo con EEUU para que se puedan gestionar los datos de europeos en suelo norteamericano. Algo que llevaban pidiendo a gritos empresas como Meta tras el fin del anterior tratado, y que se mantendrá así unos cuantos años más.

Por último, un duro golpe para Apple, que estará obligado a ofrecer pagos alternativos en las apps de la App Store. Algo de lo cual llevamos años hablando.

Eso sí, como todo en esta vida, y más cuando se trata de regulaciones, el diablo está en los detalles.

Por ejemplo, la DMA habla de que esa futura interoperatividad entre servicios debe ofrecerse bajo unos términos razonables, abriendo la vía a posibles interpretaciones más laxas de la medida… que podrían hacer que al final, casi nada cambie.

Se me ocurre, por ejemplo, que lo mismo aplicado al caso anterior de un mensaje enviado desde WhatsApp a iMessage, ese «bajo unos términos razonables» pueda significar que al usuario de iMessage le llegue un mensaje avisándole de que alguien le ha escrito por Whatsapp, pero que para verlo… tenga que instalar la aplicación.

Ya sabes, una cosa es lo que diga la regulación, y otra lo que al final consigan defender estas empresas, que por supuesto no están por la labor de hacer dichos cambios ya que podría afectarles muy negativamente a su negocio (lo de Apple con la App Store y sus pagos es un buen ejemplo).

Todas las compañías tienen 6 meses para empezar a aplicar los cambios tras los 20 días de rigor en el que la ley entraría en vigor, y tras ser ratificada por el Consejo de la Unión Europea y por el pleno del Parlamento Europeo. Algo que, recalco, será ya raro que cambie en los próximos días…

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