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La ruta por etapas de la Ley Rider, comenzó el pasado septiembre cuando la Sala Cuarta del Tribuna Supremo concluyó que un repartidor de Glovo es falso autónomo. De esta forma los magistrados del alto tribunal desmontaban el modelo laboral de Glovo, sentenciando que la empresa no es una mera intermediaria, sino que desarrolla la coordinación y organización del servicio. Además concluyeron que sus trabajadores no lo son por cuenta ajena. La única autonomía de la que goza un rider es la de elegir el medio de transporte y la ruta a seguir. Glovo por su parte presta los servicios, fija los precios, las condiciones de pago y el resto de condiciones esenciales para la prestación del servicio. Glovo es el jefe y cualquier persona subida a una bici con un móvil y una mochila de repartidor no es un emprendedor. La infraestructura esencial para el ejercicio de la actividad es el programa informático desarrollado por Glovo que quien pone en contacto los comercios con los clientes.

Sala Cuarta del Tribuna Supremo concluyó que un repartidor de Glovo es falso autónomo

La sentencia del Supremo era esperada con enorme interés por ser la primera que analizaba la relación laboral entre un rider y una plataforma digital. Esto supuso el inicio de la Ley Rider. El proceso ha sido una carrera de fondo para multitud de riders que pedían defender sus derechos laborales. Una ruta por etapas.

Gráfica de los momentos de mayor impacto en redes y medios de la Ley Riders

Tal y como demuestra la gráfica, la carrera hacía una ley que permita defender los derechos de los y las mensajeras de las plataformas como Glovo o Deliveroo, ha tenido que superar el último mes diferentes altibajos en su alcance mediático y de redes sociales.

El pasado 11 de mayo el Consejo de Ministros aprobó el Decreto Ley

La primera etapa es de montaña, y llegó el pasado 11 de mayo cuando el Consejo de Ministros aprobó el Decreto Ley y los mass media y las redes sociales no se hicieron esperar consiguiendo poner en agenda de nuevo los derechos laborales del colectivo. Se calcula que hasta la fecha las empresas afectadas han ahorrado entre 100 y 120 millones de euros en cotizaciones sociales a base de servirse de falsos autónomos.

El debate creado giraba en torno al perjuicio que las empresas de economía digital iban a sufrir al tener que contratar a sus trabajadores y los despidos que ello generaría. Un debate que se centra en principalmente en Twitter y los perfiles que lideran el debate son próximos a los partidos del gobierno y a Vox.

Las menciones en medios son muy superiores a las de las redes sociales cuyo pico se consigue al día siguiente. La segunda etapa es en puerto, este de categoría tercera, y llegó el pasado 20 de mayo cuando se anunció la fecha para la convalidación del decreto ley en el Congreso de los Diputados. Los medios de comunicación apenas incidían en la noticia, pero las redes sociales parecían querer retomar el debate. Días posteriores supuestos colectivos de riders se manifestaban en contra de una ley que defendía sus derechos, pero a la vista estaba que eran protestas orquestadas por la patronal de las plataformas de mensajería digital.

El congreso avaló la Ley Rider

El 10 de junio, llegó la etapa reina, el día en que el debate llegaba a la cámara baja para ser debatido y convalidar así el Decreto Ley de la ministra Yolanda Díaz. El congreso avaló la Ley Rider y quedó abierto el periodo de enmiendas para los grupos. Sin embargo, la etapa no estuvo exenta de chaparrones en forma de soflamas de la formación fascista Vox. La ministra de trabajo les acusaba de apoyar un modelo explotador de tiempo pasados en los que la formación de Abascal parece sentirse cómoda.

El partido de ultraderecha que ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional, acusaba a Díaz de haber negociado la ley a espaldas de la mayoría de asociaciones y trabajadores, una ley, que el ejecutivo acodó con empresarios y sindicatos en el diálogo social que hacía agitar la agenda informativa y las redes sociales.

El partido de ultraderecha que ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional, acusaba a Díaz de haber negociado la ley a espaldas de la mayoría de asociaciones y trabajadores, una ley, que el ejecutivo acodó con empresarios y sindicatos en el diálogo social que hacía agitar la agenda informativa y las redes sociales.

Queda por delante la posible incorporación de las enmiendas de los grupos que apoyaron la ley. La meta de la ruta por etapas de la Ley rider está cada vez más cerca. Una meta que se cruzará el próximo 12 de agosto, una vez se hayan agotado los tres meses que el gobierno dio a las empresas para adaptar su modelo de negocio. A partir de ese día, se espera que los riders puedan circular más protegidos.

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Cristina Macazaga
Cristina Macazaga

Publicista especializada en comunicación y marketing político. Analistas de CyberBrainers